SENTENCIA VINCULANTE N° 16 DEL 17/01/2018. TSJ-SC. LEGITIMACIÓN ACTIVA EN AMPARO POR PRIVADA DE LIBERTAD Y EN ESTADO DE GRAVIDEZ
LEGITIMACIÓN ACTIVA EN AMPARO POR UNA ACCIONANTE QUE SE ENCUENTRE PRIVADA DE LIBERTAD Y EN ESTADO DE GRAVIDEZ
En Sentencia N° 16 de fecha 17 de enero de 2018, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, establece con carácter vinculante que cuando se interponga un amparo constitucional contra sentencia, actuación u omisión por una accionante que se encuentre privada de libertad y en estado de gravidez, y se encuentre de cualquier manera en peligro la vida de ese nasciturus, la legitimación activa le corresponderá a la persona afectada directamente o bien podrá ser extendida a cualquier persona, conforme lo dispone el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ende, no podrán los órganos de administración de justicia declarar inadmisible la acción de amparo por falta de legitimación o representación, en aras de garantizar y velar (a través de su madre cuyo interés trasciende de esta) la protección integral de ese nasciturus como un ser humano indefenso.
Extracto:
Ahora bien, esta Sala ha establecido que cuando se denuncie la violación a la libertad y seguridad personal y el amparo se interponga para tutelar tales derechos, no es necesario que los abogados accionantes consignen documento alguno para demostrar su cualidad, pues la acción podía ser interpuesta por el agraviado o por cualquier persona que gestione a favor de aquel; así quedó asentado en el criterio vinculante establecido por esta Sala Constitucional en su sentencia N° 412 del 8 de marzo de 2002 caso: Luis Reinoso, la cual ha sido ratificada en sentencias Núms. 1502 del 12 de julio de 2005; 2287 del 1 de agosto de 2005, 25 del 13 de febrero de 2013, entre otras, en la que se indicó que:
“…la Sala ha establecido que, excepcionalmente, cuando se trata de un hábeas corpus, strictu sensu, la legitimación activa deja de ser determinada por la afectación directa para ser extendida a cualquier persona, conforme lo dispone el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual, dicha acción de amparo puede ser interpuesta por cualquier persona en nombre del imputado.
Así, la distinción que hizo la Sala en la sentencia N°113 del 17 de marzo de 2000, entre el hábeas corpus y el amparo contra sentencias tuvo como finalidad garantizar una adecuada aplicación de ambos institutos, sin desconocer que en ambos casos, los derechos de los que solicita tutela son la libertad y seguridad personal, por tanto, en atención al criterio expuesto, y a partir del presente fallo, debe entenderse que cuando se trata de un hábeas corpus, strictu sensu, o de un amparo contra sentencia, que tenga como objeto la tutela de los referidos derechos, la legitimación activa le corresponderá a la persona afectada directamente o bien podrá ser extendida a cualquier persona, conforme lo dispone el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara…”.
…de acuerdo al criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, se evidencia que no era necesario que los abogados accionantes consignaran documento alguno para demostrar su cualidad, una vez de denunciado la violación del derecho a la seguridad personal, pues en ese caso la legitimación es amplia por cuanto en el amparo constitucional lo relevante es la naturaleza del derecho involucrado, tal y como lo establece el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que, como se indicó, en el escrito de amparo se denunció la violación a la seguridad personal de la ciudadana Yusmelis Elena Meregotes Pereira. De allí que en principio fue errada la decisión del a quo constitucional en inadmitir la acción de amparo constitucional interpuesta.
Aunado a ello, la Sala no puede dejar pasar por alto que, en el presente caso, más allá de la afectación a la esfera jurídica de la ciudadana Yusmelis Elena Meregotes Pereira, existía un peligro inminente a la vida del nasciturus o no nacido, derecho que debía prevalecer por encima de todo, por ser un ser humano débil, inocente que no puede defenderse, siendo deber del Estado garantizarle a éste una mayor protección desde su concepción.
De igual manera, el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que “...El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo...”. Dicha disposición aparte de proteger a la maternidad, está destinada a proteger y garantizar de manera absoluta el derecho inviolable a la vida de ese ser humano individual desde el inicio de su existencia, que posee una identidad genética única y distinta a la de sus progenitores, el primer y más fundamental de los derechos humanos que por su frágil condición debe ser objeto de amparo.
En atención a ello, estima esta Sala necesario, conforme a la facultad que tiene atribuida de garantizar la interpretación y el cumplimiento de los valores constitucionales, establecer a partir del presente fallo -con carácter vinculante- que cuando se interponga un amparo constitucional contra sentencia, actuación u omisión por una accionante que se encuentre privada de libertad y en estado de gravidez, y se encuentre de cualquier manera en peligro la vida de ese nasciturus, la legitimación activa le corresponderá a la persona afectada directamente o bien podrá ser extendida a cualquier persona, conforme lo dispone el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ende, no podrán los órganos de administración de justicia declarar inadmisible la acción de amparo por falta de legitimación o representación, en aras de garantizar y velar (a través de su madre cuyo interés trasciende de esta) la protección integral de ese nasciturus como un ser humano indefenso. Así se declara.
Ver Sentencia:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/206871-0016-17118-2018-15-0507.HTML
